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Derecho Administrativo

Defensa estratégica frente a clausuras, multas administrativas e inspecciones de autoridades federales o locales. Anulamos actos de autoridad injustos que afecten la operación de su negocio o el uso de sus propiedades.

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Inspecciones y revisiones de autoridades

Acompañamiento y defensa durante inspecciones de autoridades municipales, estatales y federales en tus instalaciones o actividades.

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Permisos y licencias ante autoridades

Gestión y obtención de permisos, licencias y autorizaciones administrativas ante dependencias de gobierno para el desarrollo de actividades.

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Litigio vs multas y actos de autoridad

Impugnación estratégica de multas, sanciones y actos de autoridades administrativas a través de recursos y juicios contencioso-administrativos.

Preguntas frecuentes

Lo que más nos preguntan

Es un medio de defensa que se interpone ante la misma autoridad que emitió un acto que te afecta —multas, negativas, clausuras— antes de acudir a tribunales. Es obligatorio agotarlo en muchos casos antes del juicio contencioso.

Generalmente 15 días hábiles para el recurso administrativo y 30 días para el juicio contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Los plazos son estrictos: perderlos puede hacer firme el acto.

Es el proceso judicial para anular o modificar actos de autoridades federales o locales. Se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (federal) o el TJACDMX (local) y puede durar de 1 a 3 años.

No. La garantía de audiencia es un derecho constitucional. Toda sanción debe ser precedida de un procedimiento donde puedas conocer los cargos y presentar pruebas. Si no fue así, el acto es anulable.

Puede impugnar la negativa mediante recurso administrativo o juicio contencioso. También puede exigir la figura del silencio administrativo: si la autoridad no responde en el plazo legal, en muchos casos se entiende como resolución favorable.

Es la obligación del gobierno de indemnizarte cuando un acto irregular de una autoridad te causa daño. Aplica en casos de detenciones arbitrarias, daños por obras públicas, entre otros. Se reclama ante las propias dependencias o ante tribunales.

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